AGENDA BÁSICA DE LA
REFORMA DEL ESTADO
Porfirio Muñoz Ledo
Numerosos han sido los espacios en los que se ha discutido la Reforma del Estado. En 1995 se anunció, por primera vez, una reforma de las instituciones políticas del país y se estableció, durante el proceso de transición, una agenda con el consenso de los partidos, pero que no fue agotada debido a que las negociaciones se concentraron en los temas relativos a la democracia electoral y al reparto del poder público entre los actores políticos.
En 2000 la Comisión de Estudios para la reforma del Estado (CERE), que en un inicio tuvo el apoyo del jefe del Ejecutivo y de las fuerzas políticas, presentó 180 propuestas de reforma. A lo que siguió un lento proceso de elaboración de iniciativas, que finalmente fue abandonado. Hay que subrayar que esa Comisión contó con una participación plural de intelectuales, expertos y personalidades políticas. Estimamos que su agenda sigue siendo vigente, ya que contiene el análisis y debate interrelacionados de las principales cuestiones involucradas. Ello prueba que es indispensable una revisión integral de la Constitución.
Finalmente, en 2007 el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Reforma del Estado, que contenía mecanismos para la negociación y construcción de acuerdos, con el propósito de concretar el proceso de la Reforma del Estado Mexicano. Para alcanzar este objetivo, se previó la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), la cual fungió como órgano rector y conductor de los trabajos.
Cinco fueron los temas que abordó la CENCA:
1. Régimen de Estado y de Gobierno;
2. Democracia y Sistema Electoral;
3. Federalismo
4. Reforma al Poder Judicial, y
5. Garantías Sociales.
En estos cinco capítulos se acordaron iniciativas e insumos para su realización. A pesar de que la saliente Legislatura no promovió su discusión y mucho menos la aprobación de los paquetes de iniciativas, el contenido de algunas es de suma importancia puesto que derivaron de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, así como de la participación de organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
El ejercicio institucional, político y presupuestario que representó la CENCA, así como el consenso que sustentó la mayor parte de sus productos nos obligan a un proceso de rendición de cuentas y a retomar las iniciativas y los temas resultantes de la comisión.
Aunque desde luego habría que establecer y consensuar las prioridades de un nuevo ejercicio parlamentario, sus contenidos no podrían ser inferiores a los que ya fueron acordados en el anterior. Habría que llenar las notorias lagunas y las contradicciones en que incurrió y reponer algunos temas, como la reforma hacendaria –y por tanto la reforma económica- y la redefinición del régimen de Estado y de gobierno.
Podría pensarse en retomar la propuesta de la CERE en el sentido de crear una comisión con miembros de ambas Cámaras, a través de un artículo transitorio constitucional que definiera sus atribuciones de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Diputados a efecto de que contribuyera a mantener la coherencia del conjunto.
Se ha extendido recientemente un movimiento ciudadano, de diversos orígenes y vertientes, que promovió la anulación del voto en señal de protesta “por la incompetencia” de la clase política. Han surgido agendas parciales y con frecuencia sesgadas que sólo podría desahogar en Congreso de la Unión. Conviene retomarlas y sistematizarlas para fomentar el interés ciudadano en las labores del Congreso.
AGENDA
I.- DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA.
- Definición constitucional de la democracia participativa.
- Referendo, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato.
- Democratización de los medios de comunicación y creación de un ente autónomo para regularlos. Definición de los derechos y obligaciones de los concesionarios.
- Régimen de las organizaciones civiles y ley de participación ciudadana.
- Consejo Económico y Social del Estado.
- Revisión de las Leyes relativas a diversos servicios públicos, a fin de organizar la participación ciudadana y comunitaria en su prestación.
II.- REFORMA ELECTORAL Y REPRESENTATIVA.
-Revisión integral de los órganos electorales (IFE, TRIFE Y FEPADE).
- Garantía jurisdiccional de los derechos políticos, en tanto derechos humanos.
- Ley de Partidos: reducción y equidad en el financiamiento público y eliminación del privado.
-Nuevo modelo de comunicación política y debates entre candidatos y actores económicos y sociales en los procesos electorales.
- Candidaturas independientes, equidad de género, coaliciones y fusión de partidos.
- Voto universal de los mexicanos en el extranjero y registro nacional ciudadano.
- Segunda vuelta y reelección de diputados y senadores
- Redimensionamiento del Congreso y sistema representativo.
III.- RÉGIMEN DE GOBIERNO
-Redefinición constitucional y garantías de la laicidad del Estado.
- Sistema parlamentario, semipresidencial o de gabinete.
- Moción de censura y elecciones legislativas anticipadas.
- Regulación de los viajes del Presidente y presencia en la apertura de sesiones del Congreso.
- Iniciativa preferente del Ejecutivo, dictaminación obligatoria y veto de bolsillo.
- Modernización, productividad y austeridad en el Congreso, transparencia y regulación del cabildeo.
- Juicio político, fuero constitucional y sistema de responsabilidades de los funcionarios públicos.
- Autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, rediseño de la función pública y servicio civil de carrera.
- Autonomía y eficacia del IFAI. Sistema Nacional de Archivos.
- Creación de la Corte Constitucional.
IV.- DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA.
-Jerarquía Constitucional de los Tratados de derechos humanos y conversión en derecho interno de los instrumentos internacionales.
- Sistematización y ampliación del capítulo de derechos humanos (género, grupos indígenas, género, capacidades diferentes, preferencias sexuales).
- Subordinación de las fuerzas armadas al régimen de derechos humanos.
- Rediseño institucional y normativo de los servicios de inteligencia y seguridad.
- Fortalecimiento de atribuciones y responsabilidades de la CNDH.
- Autonomía del Ministerio Público y de las procuradurías de justicia.
- Revisión del Consejo de la Judicatura e incorporación de los tribunales administrativos al poder judicial.
- Reforma a la ley de amparo y acciones colectivas.
- Rediseño del poder judicial y acceso a la justicia.
V. FEDERALISMO Y MUNICIPALISMO
-Redistribución de facultades, funciones, fuentes y recursos fiscales de los componentes de la federación.
- Reconocimiento del municipio como depositario original de la soberanía popular y como orden del gobierno dotado de plena autonomía.
- Asociaciones de municipios contiguos (comarcas) para la promoción del desarrollo. Coordinación obligatoria de municipios integrantes de zonas metropolitanas.
- Reconocimiento a los derechos de los pueblos indios conforme a los acuerdos de San Andrés Larráinzar y las convenciones internacionales.
- Agrupación de entidades federativas según su propia decisión con objetivos de cooperación económica para el desarrollo.
- Creación del Consejo de Estados y Municipios. En tanto órgano constitucional de consulta y representación de las entidades federativas.
-Reforma política del municipio: democracia participativa, eficiencia administrativa, capacidad patrimonial y redención de cuentas.
- Constitución del Distrito Federal, municipalización y facultades plenas como entidad de la Federación. Estatuto de capitalidad.
- Jurisdicción de los Estados sobre islas, cayos y arrecifes contiguos a sus litorales. Comodato de estados sin litoral sobre islas de jurisdicción federal.
VI.- NUEVO PACTO SOCIAL.
-Reconocimiento constitucional y exigibilidad de todos los derechos sociales (educación, salud, vivienda, agua, alimentación, medio ambiente, cultura, deporte).
- Reformas al artículo 3º para universalizar la educación inicial e instituir una estricta coordinación del sistema de guarderías e instancias infantiles.
- Deber del Estado para garantizar el ingreso y permanencia en el sistema educativo. Ampliación de becas, alimentos, libros, útiles, horarios y espacios escolares. Prohibición de cuotas obligatorias.
- Establecer la calidad y laicidad de los servicios como parte del derecho a la educación. Promover la descentralización, la democratización y la participación de los padres de familia y los educandos en el proceso educativo.
- Instaurar el carácter obligatorio de la educación media superior y el deber del Estado para garantizar el carácter universal de la educación superior. Reordenación del sistema de formación y capacitación del magisterio.
- Integrar y descentralizar el sistema nacional de salud, redefinir la responsabilidad del Estado en el régimen de pensiones y universalizar los servicios de seguridad social.
- Revisión del régimen de los salarios mínimos y desaparición de la Comitiva respectiva. Establecimiento de un órgano del Congreso para fijarlos. Creación del salario social y el seguro del desempleo.
-Respeto irrestricto a la democracia y autonomía sindicales. Voto universal y secreto para la elección de dirigentes. Fomento a la contratación colectiva, respeto al derecho de huelga y abolición de topes salariales.
- Detener la tendencia hacia la precarización laboral. Aumento de la competitividad de la empresa, creación y absorción de tecnología y obligatoria a los trabajadores.
VI. REFORMA ECONÓMICA.
-Reafirmación de la rectoría del Estado sobre la economía y revisión del sistema nacional de planeación del desarrollo con un sentido federalista y redistributivo. Aprobación del Plan por el Congreso y alineamiento del presupuesto.
- Redefinición de la autonomía y el mandato del Banco de México con criterio de desarrollo compartido. Recuperación y regulación del sistema bancario. Relanzamiento de la banca de desarrollo y promoción de los bancos regionales y de las entidades de ahorro y crédito popular.
- Fortalecimiento del mercado interno mediante el incremento de los salarios básicos y contractuales. Reducción de los altos salarios en los sectores público y privado. Defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y freno al aumento de precios, servicios, productos y comisiones bancarias.
- Fortalecimiento estratégico y sectorial de la industria mexicana. Combate efectivo a los monopolios y a la especulación financiera. Creación de infraestructura, particularmente en los sectores de transporte, comunicación, educación y salud pública.
- Apoyo a los medianos y pequeños productores agropecuarios a través de créditos, beneficios fiscales, asistencia técnica e insumos accesibles. Asegurar la oferta de alimentos básicos y agua potable para toda la población de la República.
- Paradigma sustentable de producción de energía y de extracción de materias primas. Fortalecimiento de la industria energética pública y rápida conversión hacia fuentes alternativas. Viabilidad de la energía nuclear.
- Lucha efectiva contra la contaminación y el cambio climático.
- Revolución científica y tecnológica con prioridades nacionales determinadas e interrelación entre los sistemas de educación, investigación y producción.
- Revisión integral del sistema impositivo con sentido proporcional y equitativo de modo que gravite sobre el ingreso de las personas. Eliminar la evasión fiscal, los privilegios y la ineficacia recaudatoria.
- Reforma de la administración y la distribución del gasto con criterio de planeación del desarrollo. Disminución drástica de la corrupción, rendición de cuentas y sistemas de sanciones.
REFORMA DEL ESTADO
Porfirio Muñoz Ledo
Numerosos han sido los espacios en los que se ha discutido la Reforma del Estado. En 1995 se anunció, por primera vez, una reforma de las instituciones políticas del país y se estableció, durante el proceso de transición, una agenda con el consenso de los partidos, pero que no fue agotada debido a que las negociaciones se concentraron en los temas relativos a la democracia electoral y al reparto del poder público entre los actores políticos.
En 2000 la Comisión de Estudios para la reforma del Estado (CERE), que en un inicio tuvo el apoyo del jefe del Ejecutivo y de las fuerzas políticas, presentó 180 propuestas de reforma. A lo que siguió un lento proceso de elaboración de iniciativas, que finalmente fue abandonado. Hay que subrayar que esa Comisión contó con una participación plural de intelectuales, expertos y personalidades políticas. Estimamos que su agenda sigue siendo vigente, ya que contiene el análisis y debate interrelacionados de las principales cuestiones involucradas. Ello prueba que es indispensable una revisión integral de la Constitución.
Finalmente, en 2007 el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Reforma del Estado, que contenía mecanismos para la negociación y construcción de acuerdos, con el propósito de concretar el proceso de la Reforma del Estado Mexicano. Para alcanzar este objetivo, se previó la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), la cual fungió como órgano rector y conductor de los trabajos.
Cinco fueron los temas que abordó la CENCA:
1. Régimen de Estado y de Gobierno;
2. Democracia y Sistema Electoral;
3. Federalismo
4. Reforma al Poder Judicial, y
5. Garantías Sociales.
En estos cinco capítulos se acordaron iniciativas e insumos para su realización. A pesar de que la saliente Legislatura no promovió su discusión y mucho menos la aprobación de los paquetes de iniciativas, el contenido de algunas es de suma importancia puesto que derivaron de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, así como de la participación de organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
El ejercicio institucional, político y presupuestario que representó la CENCA, así como el consenso que sustentó la mayor parte de sus productos nos obligan a un proceso de rendición de cuentas y a retomar las iniciativas y los temas resultantes de la comisión.
Aunque desde luego habría que establecer y consensuar las prioridades de un nuevo ejercicio parlamentario, sus contenidos no podrían ser inferiores a los que ya fueron acordados en el anterior. Habría que llenar las notorias lagunas y las contradicciones en que incurrió y reponer algunos temas, como la reforma hacendaria –y por tanto la reforma económica- y la redefinición del régimen de Estado y de gobierno.
Podría pensarse en retomar la propuesta de la CERE en el sentido de crear una comisión con miembros de ambas Cámaras, a través de un artículo transitorio constitucional que definiera sus atribuciones de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Diputados a efecto de que contribuyera a mantener la coherencia del conjunto.
Se ha extendido recientemente un movimiento ciudadano, de diversos orígenes y vertientes, que promovió la anulación del voto en señal de protesta “por la incompetencia” de la clase política. Han surgido agendas parciales y con frecuencia sesgadas que sólo podría desahogar en Congreso de la Unión. Conviene retomarlas y sistematizarlas para fomentar el interés ciudadano en las labores del Congreso.
AGENDA
I.- DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA.
- Definición constitucional de la democracia participativa.
- Referendo, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato.
- Democratización de los medios de comunicación y creación de un ente autónomo para regularlos. Definición de los derechos y obligaciones de los concesionarios.
- Régimen de las organizaciones civiles y ley de participación ciudadana.
- Consejo Económico y Social del Estado.
- Revisión de las Leyes relativas a diversos servicios públicos, a fin de organizar la participación ciudadana y comunitaria en su prestación.
II.- REFORMA ELECTORAL Y REPRESENTATIVA.
-Revisión integral de los órganos electorales (IFE, TRIFE Y FEPADE).
- Garantía jurisdiccional de los derechos políticos, en tanto derechos humanos.
- Ley de Partidos: reducción y equidad en el financiamiento público y eliminación del privado.
-Nuevo modelo de comunicación política y debates entre candidatos y actores económicos y sociales en los procesos electorales.
- Candidaturas independientes, equidad de género, coaliciones y fusión de partidos.
- Voto universal de los mexicanos en el extranjero y registro nacional ciudadano.
- Segunda vuelta y reelección de diputados y senadores
- Redimensionamiento del Congreso y sistema representativo.
III.- RÉGIMEN DE GOBIERNO
-Redefinición constitucional y garantías de la laicidad del Estado.
- Sistema parlamentario, semipresidencial o de gabinete.
- Moción de censura y elecciones legislativas anticipadas.
- Regulación de los viajes del Presidente y presencia en la apertura de sesiones del Congreso.
- Iniciativa preferente del Ejecutivo, dictaminación obligatoria y veto de bolsillo.
- Modernización, productividad y austeridad en el Congreso, transparencia y regulación del cabildeo.
- Juicio político, fuero constitucional y sistema de responsabilidades de los funcionarios públicos.
- Autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, rediseño de la función pública y servicio civil de carrera.
- Autonomía y eficacia del IFAI. Sistema Nacional de Archivos.
- Creación de la Corte Constitucional.
IV.- DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA.
-Jerarquía Constitucional de los Tratados de derechos humanos y conversión en derecho interno de los instrumentos internacionales.
- Sistematización y ampliación del capítulo de derechos humanos (género, grupos indígenas, género, capacidades diferentes, preferencias sexuales).
- Subordinación de las fuerzas armadas al régimen de derechos humanos.
- Rediseño institucional y normativo de los servicios de inteligencia y seguridad.
- Fortalecimiento de atribuciones y responsabilidades de la CNDH.
- Autonomía del Ministerio Público y de las procuradurías de justicia.
- Revisión del Consejo de la Judicatura e incorporación de los tribunales administrativos al poder judicial.
- Reforma a la ley de amparo y acciones colectivas.
- Rediseño del poder judicial y acceso a la justicia.
V. FEDERALISMO Y MUNICIPALISMO
-Redistribución de facultades, funciones, fuentes y recursos fiscales de los componentes de la federación.
- Reconocimiento del municipio como depositario original de la soberanía popular y como orden del gobierno dotado de plena autonomía.
- Asociaciones de municipios contiguos (comarcas) para la promoción del desarrollo. Coordinación obligatoria de municipios integrantes de zonas metropolitanas.
- Reconocimiento a los derechos de los pueblos indios conforme a los acuerdos de San Andrés Larráinzar y las convenciones internacionales.
- Agrupación de entidades federativas según su propia decisión con objetivos de cooperación económica para el desarrollo.
- Creación del Consejo de Estados y Municipios. En tanto órgano constitucional de consulta y representación de las entidades federativas.
-Reforma política del municipio: democracia participativa, eficiencia administrativa, capacidad patrimonial y redención de cuentas.
- Constitución del Distrito Federal, municipalización y facultades plenas como entidad de la Federación. Estatuto de capitalidad.
- Jurisdicción de los Estados sobre islas, cayos y arrecifes contiguos a sus litorales. Comodato de estados sin litoral sobre islas de jurisdicción federal.
VI.- NUEVO PACTO SOCIAL.
-Reconocimiento constitucional y exigibilidad de todos los derechos sociales (educación, salud, vivienda, agua, alimentación, medio ambiente, cultura, deporte).
- Reformas al artículo 3º para universalizar la educación inicial e instituir una estricta coordinación del sistema de guarderías e instancias infantiles.
- Deber del Estado para garantizar el ingreso y permanencia en el sistema educativo. Ampliación de becas, alimentos, libros, útiles, horarios y espacios escolares. Prohibición de cuotas obligatorias.
- Establecer la calidad y laicidad de los servicios como parte del derecho a la educación. Promover la descentralización, la democratización y la participación de los padres de familia y los educandos en el proceso educativo.
- Instaurar el carácter obligatorio de la educación media superior y el deber del Estado para garantizar el carácter universal de la educación superior. Reordenación del sistema de formación y capacitación del magisterio.
- Integrar y descentralizar el sistema nacional de salud, redefinir la responsabilidad del Estado en el régimen de pensiones y universalizar los servicios de seguridad social.
- Revisión del régimen de los salarios mínimos y desaparición de la Comitiva respectiva. Establecimiento de un órgano del Congreso para fijarlos. Creación del salario social y el seguro del desempleo.
-Respeto irrestricto a la democracia y autonomía sindicales. Voto universal y secreto para la elección de dirigentes. Fomento a la contratación colectiva, respeto al derecho de huelga y abolición de topes salariales.
- Detener la tendencia hacia la precarización laboral. Aumento de la competitividad de la empresa, creación y absorción de tecnología y obligatoria a los trabajadores.
VI. REFORMA ECONÓMICA.
-Reafirmación de la rectoría del Estado sobre la economía y revisión del sistema nacional de planeación del desarrollo con un sentido federalista y redistributivo. Aprobación del Plan por el Congreso y alineamiento del presupuesto.
- Redefinición de la autonomía y el mandato del Banco de México con criterio de desarrollo compartido. Recuperación y regulación del sistema bancario. Relanzamiento de la banca de desarrollo y promoción de los bancos regionales y de las entidades de ahorro y crédito popular.
- Fortalecimiento del mercado interno mediante el incremento de los salarios básicos y contractuales. Reducción de los altos salarios en los sectores público y privado. Defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y freno al aumento de precios, servicios, productos y comisiones bancarias.
- Fortalecimiento estratégico y sectorial de la industria mexicana. Combate efectivo a los monopolios y a la especulación financiera. Creación de infraestructura, particularmente en los sectores de transporte, comunicación, educación y salud pública.
- Apoyo a los medianos y pequeños productores agropecuarios a través de créditos, beneficios fiscales, asistencia técnica e insumos accesibles. Asegurar la oferta de alimentos básicos y agua potable para toda la población de la República.
- Paradigma sustentable de producción de energía y de extracción de materias primas. Fortalecimiento de la industria energética pública y rápida conversión hacia fuentes alternativas. Viabilidad de la energía nuclear.
- Lucha efectiva contra la contaminación y el cambio climático.
- Revolución científica y tecnológica con prioridades nacionales determinadas e interrelación entre los sistemas de educación, investigación y producción.
- Revisión integral del sistema impositivo con sentido proporcional y equitativo de modo que gravite sobre el ingreso de las personas. Eliminar la evasión fiscal, los privilegios y la ineficacia recaudatoria.
- Reforma de la administración y la distribución del gasto con criterio de planeación del desarrollo. Disminución drástica de la corrupción, rendición de cuentas y sistemas de sanciones.
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